Noticias
RENATRE relevó 21 trabajadores rurales en operativos de fiscalización en Buenos Aires y Córdoba
Novedades / 08-03-2017

RENATRE relevó 21 trabajadores rurales en operativos de fiscalización en Buenos Aires y Córdoba

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), junto al gremio de los trabajadores rurales (UATRE), y dependencias provinciales del Ministerio de Trabajo, realizó recientemente, en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, operativos de fiscalización y control registral relevando un total de 21 trabajadores, donde se pudo comprobar irregularidades laborales, salariales, malas condiciones habitacionales, y falta de Libreta de Trabajo Rural (LTR), por lo que se iniciaron actuaciones administrativas y legales.

La delegación Buenos Aires Norte, encabezada por su delegado, Rodrigo Esponda, realizó, el pasado 1º de marzo, junto a personal de UATRE, operativos de fiscalización en establecimientos dedicados a la actividad porcina y avícola de la localidad de Saladillo, donde se relevaron siete trabajadores y se corroboraron irregularidades salariales y malas condiciones de vivienda e higiene. Los trabajadores relevados reclamaron, además, que el pago de los días feriados era el mismo que el de un día normal y manifestaron que no se cumplía con el descanso semanal correspondiente.

Los agentes de la delegación Córdoba Sur, coordinados por su delegada, Claudia Bruno, inspeccionaron junto a personal de la UATRE y del Ministerio de Trabajo de la provincia, el 1º de marzo establecimientos dedicados a la actividad agrícola-ganadera y al cultivo de maíz, en la localidad de Arias, donde relevaron 14 trabajadores, de los cuales, 3 no contaban con Libreta de Trabajo Rural (LTR).

En las distintas inspecciones, además, los agentes informaron a los trabajadores sobre los alcances y beneficios de la Ley 25.191 y se notificó al empleador sobre la obligación de tramitar la Libreta Trabajo Rural.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) restableció sus funciones como Ente de Derecho Público no estatal el pasado 1º de enero de 2017, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de los art. 106 y 107 de la Ley 26.727 y que el gobierno nacional lo reglamentara a través del decreto Nº 1014/2016.