El RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) realizó recientemente operativos de fiscalización en establecimientos rurales de las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, con el objetivo de verificar las condiciones de trabajo, la registración del personal y el cumplimiento de las leyes laborales.
Las políticas de fiscalización del RENATRE para el año en curso tienen como finalidad mejorar la efectividad de las inspecciones en campo para comprobar que los trabajadores estén debidamente inscriptos al organismo y también fortalecer las acciones que promuevan el trabajo decente y la lucha contra el trabajo informal.
Durante estos operativos se relevaron condiciones laborales de más de 50 trabajadores dedicados a diferentes actividades, tales como, agrícola-ganadera, hortícola, frutícola, floricultura y tareas de cultivo, riego y siembra. Además, se verificó falta de Libretas de Trabajo Rural (LTR), encuadramiento laboral de acuerdo a las tareas realizadas y condiciones habitacionales. En algunos casos se comprobó la falta de recibo de sueldo, situación que presume la existencia de trabajo informal. Por estos motivos, se iniciaron las actuaciones administrativas y legales correspondientes.
En los diferentes operativos de fiscalización participó personal de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), de RENATRE y, en la provincia de Córdoba, participaron funcionarios del Ministerio de Trabajo de la provincia.
Los agentes también informaron a los trabajadores sobre los alcances y beneficios de la Ley 25.191, entregaron folletería institucional del organismo y notificaron a los empleadores sobre la obligación de tramitar la Libreta Trabajo Rural (LTR) a fin de evitar multas.
Las acciones estuvieron coordinadas por los delegados provinciales del Registro en dichas jurisdicciones, Claudia Bruno (Córdoba Sur), Diego Patiño (Buenos Aires Centro) y José Luis Zárate (Mendoza).
RENATRE continúa con actividades a nivel nacional, en el marco de los operativos de control registral, con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento efectivo de la Ley 25.191 y proteger los derechos de los trabajadores rurales.
