El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), junto al gremio de los trabajadores rurales (UATRE), y dependencias provinciales del Ministerio de Trabajo, realizó recientemente, en las provincias de Río Negro y San Luis, operativos de fiscalización y control registral relevando un total de 16 trabajadores, donde se pudo comprobar irregularidades laborales, deficitarias condiciones de higiene, y falta de Libreta de Trabajo Rural (LTR), por lo que se iniciaron actuaciones administrativas y legales.
La delegación Río Negro, encabezada por el delegado, Ricardo Ledo, realizó el 3 de marzo, junto a personal de UATRE y la Secretaría de Trabajo provincial, operativos de fiscalización en dos establecimientos dedicados a la actividad hortícola, ubicados en la localidad de Coronel Belisle, donde se relevaron 13 trabajadores y 3 empleadores. Los agentes confirmaron que en uno de los establecimientos 6 trabajadores no contaban con Libreta de Trabajo, no estaban dados de alta en AFIP, y tampoco tenían sanitarios, agua potable, ni botiquín de primeros auxilios. En el segundo establecimiento tuvo que intervenir personal policial para que el empleador acceda al relevamiento de 7 trabajadores que tenía a su cargo.
Los agentes de la delegación San Luis, coordinados por su delegado, José Pedernera, inspeccionaron el 9 de marzo, junto a personal de UATRE y OSPRERA, un establecimiento dedicado a la actividad avícola, ubicado en la localidad de Zanjitas, donde relevaron 3 trabajadores rurales, de los cuales, solo 1 poseía Libreta de Trabajo Rural (LTR) y estaba inscripto en el Registro. Los trabajadores manifestaron que había más trabajadores en el lugar pero que no se encontraban al momento de la inspección.
En las distintas inspecciones, los agentes informaron a los trabajadores sobre los alcances y beneficios de la Ley 25.191 y se notificó al empleador sobre la obligación de tramitar la Libreta Trabajo Rural.
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) restableció sus funciones como Ente de Derecho Público no estatal el pasado 1º de enero de 2017, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de los art. 106 y 107 de la Ley 26.727 y que el gobierno nacional lo reglamentara a través del decreto Nº 1014/2016.
